Dijeron con acidez los profesores de Castilla–La Mancha que se perciben a sí mismos como administrativos con escolares alrededor enredando. La maraña de informes, protocolos y memorias que tienen que escribir los docentes no dejó de crecer y devora ya su dedicación a la enseñanza, preparación de clases e innovación. Los gestores de la cosa educativa parecen convencidos de que el registro documental de cada cosa que se haga es lo que da valor a que se haga la cosa, hasta el punto de que dejan de hacerse cosas de tanto informe que hay que rellenar sobre las cosas que se hace. Si no entendió esta última frase, está comprendiendo lo básico. Deberían imprimir en papel toda la burocracia que escribe cada profesor y cada profesora en un curso. Después, deberían juntar todos folios de todos los profesores del centro y encuadernarlo en un solo volumen. Sería instructivo observar el monumental tomo resultante de un solo centro, apreciar la cantidad de horas que llevó hacerlo y comprender que nadie leerá semejante tocho nunca, ni lo utilizará para nada de provecho; y que cada año en cada centro se ahoga la actividad de los profesores en hacer la misma monumental parida. El colectivo DIME ya alertó en un enérgico manifiesto hace unos años de que están provocando que, en el cabreo y desgaste del profesorado por esta presión administrativa estéril, se estimule la asociación de la pedagogía con el papeleo inútil y se alimente el rojipardismo educativo nostálgico de los planes de los 70.
A partir de este fárrago, todo lo demás se hace insufrible: salario clavado en las menguas de la crisis de la deuda, ratios inmanejables para los problemas y tareas del aula, plantillas que urgen refuerzo, personal administrativo insuficiente. El profesorado está irritado, cansado y frustrado. No se trata de esa modorra gremial de los tópicos funcionariales. El complejo cometido del sistema de enseñanza no se cumplirá con niveles de desmotivación como los que se perciben. Miremos el caso del Reino Unido para entender el problema en ciernes. Allí 1 de cada 3 nuevos profesores abandona la enseñanza en los primeros 5 años. La deserción avanza. El 27% de quienes empezaron en la enseñanza en 2016 ya se buscaron otro empleo. Cada año abandona la enseñanza el 10% del profesorado. Más del 90% de profesores dejan la enseñanza antes de jubilarse. El 41% de docentes encuestados por el sindicato NEU declaró en 2023 que dejarán la enseñanza en cuanto encuentren otro trabajo. A esto lleva el deterioro constante de las condiciones del trabajo docente. Esto es un serio problema de estado. En España no es habitual que un profesor quiera dejar de serlo, pero la situación es una maqueta del desmoronamiento británico.
El complejo cometido del sistema de enseñanza no se cumplirá con niveles de desmotivación como los que se perciben
Simplemente los profesores británicos no soportan el clima del aula, que incluye violencia, y la maraña burocrática con pérdidas de poder adquisitivo. Sobran simplezas, pero se requieren certezas. Una de ellas es que hay un veneno malo en sí mismo que pudre el sistema y da lugar a lo que está pasando. Es el veneno de la segregación. La segregación es la distribución desigual del alumnado en los centros por ciertas características personales, sobre todo sociales y culturales. El informe PISA contiene un índice llamado ISEC (Índice de Estatus Socioeconómico y Cultural), que puntúa el nivel educativo más alto del padre o la madre, el nivel laboral más alto y el nivel de recursos del hogar. Otras características, como el hecho de ser familia inmigrante, acaba teniendo una correlación con este índice. La segregación, decía, es un veneno en sí misma. El sistema educativo tiene que elevar el nivel formativo de la población, integrar a los vulnerables y nivelar las diferencias de partida. El sagrado derecho a la igualdad de oportunidades exige que no se escatimen medios para que las posibilidades de formación de la gente sean iguales con independencia del nivel económico y educativo de la familia. El nivel de segregación escolar es la medida de una injusticia social contraria a la Constitución y a los derechos humanos. La mezcla de alumnos con distintos ISEC no perjudica a los favorecidos y arrastra a los desfavorecidos a un mayor rendimiento, inserción y oportunidades. La concentración de los casos más favorecidos en ciertos centros y aulas provoca una concentración inmanejable de vulnerables en los otros centros. Esto quiebra los derechos del alumnado. Al juntar los casos más complejos, su atención es más complicada y se acumulan el bajo rendimiento y las conductas conflictivas y, en el límite, violentas. Es un efecto perfectamente predecible cuando se separan tipos de población. La segregación es una agresión a los derechos de todos y es un veneno lento que lleva a aulas inmanejables. La segregación se puntúa de 0, mínima segregación, a 1, máxima. La media de segregación en educación primaria en la OCDE está en 0,25. En España estamos en 0,32, solo nos ganan a segregadores Turquía y Lituania. El dato significa que 32 de cada cien alumnos tendrían que estar en otro centro para que la distribución sea equitativa. El ISEC es un índice predictivo, indica la esperanza que podemos atribuir a un niño o una niña de alcanzar niveles altos de formación. En España los resultados se ajustan a la predicción del ISEC, lo que quiere decir que el sistema educativo responde a las buenas expectativas, pero apenas corrige las expectativas negativas.
La sensación que tiene el profesorado de que cada vez pinta menos en lo que se cuece en el aula, además de la burocracia mencionada, tiene que ver con la segregación. El factor de segregación más importante es el residencial. Y el segundo es la red concertada. El mencionado ISEC puntúa 0 la media de la OCDE. La diferencia entre el alumnado de centros concertados y centros públicos es de 0,48 a favor de los concertados. Esto hace que la enseñanza concertada provoque el 21% de la segregación educativa. Hechos sencillos. En España hay más enseñanza concertada que en Europa (el 81% estudia en Europa en centros públicos; en España el 67%); el peso de la Iglesia en la enseñanza concertada es excepcionalmente alto: 75%, es la dueña de la red concertada; en España la enseñanza concertada es la que más segregación provoca; y la distribución de alumnos en la enseñanza concertada está relacionada con el estatus económico familiar, no con ideas religiosas ni modelos educativos, solo la situación económica. Más enseñanza concertada de la normal, más Iglesia en la concertada, más segregación en centros concertados y demanda debida a la clase social y no a idearios o religiones: seamos claros, la enseñanza concertada en España es un privilegio más de la Iglesia y nos cuesta segregación y un fuerte deterioro en las aulas públicas. Y el profesorado está que trina.
Los aires reaccionarios soplan contra las democracias, contra los derechos universales y nuestros servicios públicos. El diputado brasileño ultra Heinze se refirió en 2014 a humildes, inmigrantes y gays como «tudo o que não presta», todos los que no sirven. Los aires reaccionarios intensifican la idea de que hay que apartar a gente para ser eficientes. Ni derechos, ni inclusión, ni diversidad. Los ricos no quieren arenilla que não presta en su maquinaria social. Las derechas arrecian en esa dirección, sobre todo los perros más ladradores de los ricos, esos ultras que verán encabezando manifestaciones por la regeneración democrática. Save the Children denuncia la segregación de la concertada, pero llega a una conclusión llena de candor: hay que financiar más a la red concertada para que no cobren esas mensualidades ilegales que provocan el sesgo social. Es cándida la conclusión porque los criterios de admisión de los centros concertados buscan ese sesgo. Los centros privados no quieren integración, venden segregación. No son demandados por su ideario, sino por la percepción social que la familia tiene de sí misma. El nuevo orden pretendido quiere segregar y apartar. El sistema educativo es una trinchera. El profesorado está que trina y los gobiernos tienen que decidir quiénes son los suyos.
